La estabilidad de los docentes integradores dependerá de la matrícula de alumnos con discapacidad y del consenso educativo

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, recibió a la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Adriana Najar (foto inferior), para discutir el proyecto de Ley de Educación Inclusiva para Estudiantes con Discapacidad impulsado por el Poder Ejecutivo. La legisladora calificó la iniciativa como “muy positiva”, aunque enfatizó que su aprobación dependerá de un análisis detallado de la matrícula fluctuante y de amplios consensos con la comunidad educativa.

El proyecto, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y la ministra de Educación, Susana Montaldo y que fuera adelantado por Tendencia de Noticias, busca reformar integralmente el sistema de apoyo escolar. Propone reorganizar el Servicio de Inclusión Escolar bajo un Modelo Social de la Discapacidad, priorizando la autonomía del alumno y eliminando la necesidad de contrataciones privadas o demandas judiciales por parte de las familias. Incorpora a los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) a la Planta Orgánica Funcional de las escuelas, otorgándoles estabilidad laboral y todos los derechos del Estatuto del Docente (Ley N° 3.470). Limita la figura del acompañante permanente o "maestro sombra", ya que —según el texto— "este tipo de intervenciones comporta el riesgo de generar prácticas más segregadoras que inclusivas" y puede convertirse en "una barrera para la adquisición del aprendizaje y la participación". Promueve la Autonomía Progresiva mediante estrategias compartidas entre docentes de aula y de apoyo, enfocándose en contextos inclusivos en lugar de deficiencias individuales. Además, deroga la Ley N° 9.575 de 2022 para avanzar hacia un marco más alineado con estándares internacionales de derechos.

Tras la reunión en el despacho del vicegobernador, Najar valoró que la propuesta permita a los docentes integradores pasar de designaciones temporales a puestos estables: “Ya no van a ser designaciones temporarias o a término”.

Sin embargo, la parlamentaria subrayó la importancia de una implementación cuidadosa, considerando la variabilidad en la cantidad de alumnos con discapacidad. “Tenemos que analizar si las docentes van a ser designadas mediante padrón y cuántos niños en proceso de inclusión tendremos en cada escuela y en cada grado”, explicó.

Para enriquecer el tratamiento legislativo, Najar propuso convocar reuniones con padres, docentes y expertos judiciales antes de emitir dictamen. “Ellos son los actores principales en este proyecto de ley”, concluyó, destacando la necesidad de lograr el mayor consenso posible.