Un fallo judicial pone en jaque el pago de un beneficio social para 53.000 tucumanos

El futuro del programa Volver al Trabajo, que da cobertura a más de 53.000 tucumanos, volvió a quedar en suspendo. Ocurre que la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que había ordenado al Ministerio de Capital Humano restituir y sostener los pagos del programa social. De esta manera, el fallo habilitó a la cartera que conduce Sandra Pettovello a avanzar con la discontinuación del beneficio, aunque hasta el momento no se publicó una resolución que confirme de manera oficial la baja definitiva ni un nuevo cronograma de pagos para agosto.

El programa, creado en 2024 como reemplazo de Potenciar Trabajo, abona una prestación mensual de $78.000 congelada desde diciembre de 2023. La última liquidación se realizó el 3 de julio a través de la ANSES y alcanzó a más de 900.000 beneficiarios en todo el país. El Gobierno nacional prevé sustituir la transferencia directa por un sistema de vouchers de capacitación laboral, todavía sin detalles de implementación conocidos.

En Tucumán, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, había precisado que la provincia administra entre 76.000 y 77.000 planes sociales, de los cuales el 69,5% corresponde a Volver al Trabajo. Eso ubica en una cifra cercana a los 53.000 o 53.500 tucumanos y tucumanas a los beneficiarios directamente afectados por la medida. Otros 22.600 continuarán percibiendo la asistencia a través del Programa de Acompañamiento Social, que no forma parte de la discontinuación dispuesta por Capital Humano.

Masso cuantificó el efecto sobre la economía provincial en una cifra cercana a los $4.250 a $4.300 millones que dejarán de inyectarse mensualmente en el consumo local. El funcionario comparó ese monto con la inversión provincial en la Tarjeta Alimentaria Independencia, que alcanza a 109.000 titulares con una erogación de $5.500 millones. Según el ministro, la provincia no está en condiciones de compensar la caída de ingresos: "No hay posibilidad alguna de que la provincia pueda ayudar más de lo que viene ayudando desde el punto de vista social a esos tucumanos y tucumanas que dejarían de percibir los 78.000 pesos", sostuvo Masso, quien además señaló que la prestación debería ubicarse cerca de los $200.000 si se actualizara al 50% del salario mínimo, vital y móvil.

El recorrido judicial del programa había tenido marchas y contramarchas a lo largo del año. Capital Humano había anunciado en marzo el cierre de Volver al Trabajo para el 9 de abril, pero una serie de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de Campana obligó al Gobierno a mantener los pagos durante abril, mayo, junio y julio, con la última acreditación realizada a comienzos de este mes. El fallo de la Cámara Federal de San Martín interrumpió esa cadena de reactivaciones judiciales, aunque reconoció la legitimación colectiva de las organizaciones sociales para litigar y dejó pendiente una sentencia de fondo sobre la validez de reemplazar el programa por vouchers de capacitación.

En ese marco, diferentes organizaciones sociales cuestionaron la decisión judicial y anticiparon que sostendrán el reclamo por la continuidad del salario social complementario. En esa línea, este miércoles 22 habrá una Jornada Nacional de Lucha, con movilizaciones y cortes previstos en distintos puntos del país, entre ellos Tucumán, Chaco, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Neuquén.

Por ahora, el Ministerio de Capital Humano no informó si habrá una nueva liquidación en agosto ni difundió un cronograma alternativo para los beneficiarios del programa.