"Si la Legislatura no puede preguntar qué pasó con las leyes que sanciona, renuncia a su responsabilidad institucional"

La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) alzó fuertemente su voz en contra del veto total dispuesto por el gobernador Osvaldo Jaldo al Sistema de Monitoreo Post Legislativo, una norma destinada a evaluar la efectividad práctica de las leyes provinciales que había alcanzado un consenso de aprobación por unanimidad en la Cámara. La firme postura de la parlamentaria opositora coincide con el posicionamiento de otros legisladores de diversas bancadas, quienes exigen defender la división de poderes y adelantan que darán batalla en el recinto para forzar la insistencia de la ley frente a las impugnaciones constitucionales de la Casa de Gobierno. De esta manera, el conflicto por las facultades de control del parlamento abre una seria disputa institucional sobre los límites de la fiscalización legislativa en Tucumán.

Para comprender el conflicto, cabe precisar que la norma vetada por el Poder Ejecutivo tenía por objeto, según su artículo 1°, establecer una estructura permanente para “monitorear, evaluar y medir el grado de implementación, cumplimiento, eficacia, eficiencia, impacto y resultados de las leyes sancionadas por este Poder Legislativo”. Sin embargo, mediante el Decreto N° 1.939/14 (MGyJ), el gobernador Jaldo y su ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, fundamentaron el rechazo total argumentando una invasión de facultades constitucionales. El Ejecutivo sostuvo que, bajo el artículo 101, inciso 3 de la Constitución de Tucumán, la administración y la ejecución de las leyes son competencias exclusivas del Gobernador. De acuerdo con el dictamen técnico que avaló el veto, la creación de un "Laboratorio de Medición de Impacto" conformado por legisladores y la atribución de requerir informes periódicos a las áreas de aplicación desbordan el seguimiento político-institucional, traduciéndose en una indebida injerencia en la órbita de gestión del Ejecutivo.

Ante esta argumentación, Elías de Pérez expuso una rigurosa defensa del rol de la Cámara y de la necesidad de transparencia en las políticas públicas. “Las leyes no se sancionan para llenar el Boletín Oficial ni para quedar archivadas. Se sancionan para transformar realidades”, sentenció la parlamentaria. En sus manifestaciones, la legisladora apuntó directamente contra la inacción administrativa al remarcar que “hace tiempo venimos señalando un problema concreto: en Tucumán se sancionan leyes que después no se cumplen, no se reglamentan o terminan convirtiéndose en letra muerta. Si no sabemos qué pasó con una ley después de aprobarla, tampoco podemos saber si sirvió, si cumplió sus objetivos o si necesita ser corregida”.

La representante radical fue categórica al rebatir la justificación del veto oficialista respecto a la supuesta superposición de tareas estatales: “Controlar no es gobernar. Controlar es una de las funciones esenciales del Poder Legislativo. La división de poderes no puede significar que, una vez sancionada una ley, la Legislatura tenga que desentenderse de sus resultados”. Aunque concedió que “el Ejecutivo tiene derecho a vetar y a expresar sus objeciones”, insistió en que “la Legislatura también tiene el derecho —y la responsabilidad— de defender sus competencias”.

Esta posición confluye de manera directa con las expresiones de otros miembros de la oposición quienes previamente habían advertido sobre el grave perjuicio de que las normas queden olvidadas o terminen "debajo del escritorio del gobernador", sosteniendo la necesidad de revertir el descreimiento ciudadano mediante un control efectivo. “Esta ley fue acompañada por unanimidad. Ahora corresponde sostener esa convicción”, reclamó Elías de Pérez, y concluyó con una severa advertencia para el resto del cuerpo: “una Legislatura que sanciona leyes pero no puede preguntar qué pasó con ellas renuncia a una parte fundamental de su responsabilidad institucional”.