Según Yedlin, Tucumán perdería unos $ 130.000 millones anuales por la reforma laboral

En un discurso crítico, el diputado nacional Pablo Yedlin fijó su postura contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al sostener que el proyecto no responde a la delicada situación económica que atraviesan las provincias y, en particular, Tucumán.

Para enmarcar su intervención en el recinto, Yedlin apeló a una cita de José Ortega y Gasset: “Soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. Con esa referencia buscó subrayar que las leyes no pueden discutirse en abstracto, sino en función del contexto. A su entender, promover una reforma laboral que -según dijo- no generará empleo, en medio de una economía en retroceso, resulta contradictorio.

El diputado describió un escenario de fuerte deterioro en Tucumán. Afirmó que en el último año se perdieron 2.500 empleos vinculados a la cosecha del limón, 5.500 puestos en la construcción tras la paralización de la obra pública nacional y alrededor de 500 en el sector textil. A ese cuadro sumó cierres y retracciones en el comercio, la metalmecánica, la producción de frutilla y palta, y dificultades en la actividad sucroalcoholera.

En ese contexto, Yedlin rechazó el argumento oficial de que la flexibilización laboral favorecerá la formalización y la creación de empleo. Señaló que no existe una transición automática entre sectores productivos y consideró irreal suponer que quienes hoy trabajan en economías regionales puedan reinsertarse, por ejemplo, en la industria petrolera de otra provincia. A su juicio, el modelo económico vigente “está fracasado” y la reforma podría profundizar la pérdida de puestos de trabajo.

El legislador también puso el foco en el Título 25 del proyecto, que elimina impuestos internos sobre vehículos, aeronaves, embarcaciones de recreo, objetos suntuarios y servicios de telefonía celular y satelital. Según explicó, la derogación de esos tributos implicará una reducción significativa de fondos coparticipables para las provincias.

Mencionó cifras concretas para dimensionar el impacto: en Catamarca la merma sería de 78.927 millones de pesos anuales, en Misiones de 94.657 millones, en Salta de 109.835 millones y en Tucumán alcanzaría los 130.000 millones de pesos por año. Frente a ese escenario, cuestionó cuál será el mecanismo de compensación y puso en duda que el Gobierno nacional garantice asistencia a través de Aportes del Tesoro Nacional u obra pública, dado que la orientación oficial ha sido precisamente la reducción de esas partidas.

Yedlin celebró la modificación del artículo 44, que en su versión original establecía una reducción del salario de los trabajadores enfermos, quienes pasarían de percibir el 100 por ciento de sus haberes a cobrar el 50 o el 75 por ciento según el caso. Calificó esa redacción como un “mamotreto jurídico” y sostuvo que evidenciaba la intencionalidad del proyecto.

No obstante, advirtió que, aunque la Cámara de Diputados introduzca cambios, el Senado podría insistir con el texto original. En ese caso, señaló, la disposición volvería a quedar vigente.