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A través de una disposición firmada por Eduardo Lule Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, el Gobierno Nacional puso a disposición de la Gobernación de Tucumán mercaderías del Servicio Aduanero como "los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen”, de acuerdo por Ley 25.603.
La cesión se concreta en respuesta a la solicitud elevada por la gestión de Osvaldo Jaldo “para ser destinados a los ciudadanos de la mencionada provincia en situaciones de vulnerabilidad a través de los distintos sectores del gobierno que prestan este servicio comunitario”, según consta en los considerandos del instrumento legal publicado este lunes en el Boletín Oficial de la República Argentina. El artículo 1° de la disposición es categórico: “Cédase sin cargo a la Gobernación de la Provincia de Tucumán, en los términos del artículo 4º de la Ley N.º 25.603 y sus modificatorias, los bienes comprendidos en la Disposición Nº DI-2026-18-E-ARCA-ADTUCU#SDGOAI, dictada por la Aduana de Tucumán”.

La norma también impone obligaciones a la provincia. El artículo 2° exige que la Gobernación informe “la fecha estimada de retiro del Servicio Aduanero de las mercaderías afectadas a la presente cesión sin cargo, aunque ésta revista carácter de provisoria, dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la presente”. El artículo 3° establece un plazo de 90 días hábiles para remitir “la conformidad de inventario con el acta de aceptación definitiva” o, en su defecto, “el acta de rechazo con el detalle de las mercaderías que no se consideren aptas para su utilización”. Además, recuerda que “las mercaderías entregadas deberán afectarse a los destinos y finalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los beneficiarios su comercialización por el término de cinco años a partir de la recepción de las mismas”.
Sin embargo, esta forma de asistencia no es nueva y ya había sido fuertemente cuestionada por el propio oficialismo provincial. Durante la última sesión legislativa en la que se debatió la creación de la Comisión Hídrica para mitigar los efectos de las inundaciones, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) criticó duramente la falta de apoyo del Gobierno Nacional y lo calificó como un “estado nacional desertor”. En sus palabras textuales: "Tenemos un estado nacional desertor que ha mandado rezago aduanero”.

Al referirse específicamente al tipo de asistencia recibida por los damnificados, el parlamentario señaló: “En la inundación han mandado camiones que eran rezagos aduaneros, llegaban antiparras, bufandas, corbatas, cualquier cosa le mandaban a La Madrid y esa es la verdad. No nos han ayudado en nada que nada”. Vargas Aignasse utilizó estos ejemplos para argumentar que la administración nacional no brindó ayuda real ni se ocupó de la situación crítica que atravesaba la provincia debido a las lluvias extraordinarias.
La disposición de la Nación llega, por lo tanto, en un contexto de contradicción interna dentro del peronismo tucumano: el gobernador Jaldo gestiona y recibe la ayuda federal, mientras un referente de su propio espacio político la descalifica públicamente como simbólica e insuficiente. La provincia deberá ahora retirar los bienes, verificar su estado y cumplir con los plazos de información exigidos por la Secretaría General de la Presidencia para que la cesión se concrete efectivamente.