Molinuevo denunció ante la Justicia una “usurpación de competencias” en el pase a planta de 33 empleados

La controversia por el pase a planta permanente de 33 trabajadores del Concejo Deliberante de Concepción adquirió una dimensión institucional en la demanda de nulidad presentada por la Municipalidad. El intendente Alejandro Molinuevo no se limitó a objetar el impacto económico de las designaciones, sino que puso en discusión la legalidad del procedimiento utilizado por las autoridades legislativas y planteó que se habría desconocido una atribución que el reglamento reserva al cuerpo colegiado.

El escrito, promovido ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, solicita que se declaren nulos los decretos 1582/26, 1583/26 y 1584/26, firmados el 9 de septiembre de 2026, mediante los cuales se instrumentaron las incorporaciones. La pretensión también alcanza al artículo 3 de la ordenanza 63/26, en cuanto se vincula con esas designaciones.

La Municipalidad sostiene que el núcleo de la irregularidad se encuentra en el artículo 25 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, modificado por la ordenanza 475. Esa disposición establece que la Presidencia debe proponer al cuerpo el número de empleados que considera necesarios y que el Concejo debe resolver sobre esa propuesta por simple mayoría.

Para el Ejecutivo, esa distribución de competencias no deja margen para que la Presidencia determine unilateralmente la cantidad de agentes que ingresarán a la planta permanente. La demanda afirma que los decretos fueron dictados sin que existiera una decisión previa y expresa del órgano legislativo sobre el número de trabajadores cuya incorporación se consideraba necesaria.

La discusión, de acuerdo con el planteo judicial, no gira alrededor de la conveniencia política de sumar personal, sino de si se respetaron las condiciones reglamentarias para adoptar una decisión de esa naturaleza.

La sesión que concentra el cuestionamiento

Uno de los principales elementos de la presentación es la reconstrucción de la sesión ordinaria 13/2026, realizada el 10 de septiembre, un día después de la firma de los decretos.

Según la demanda, durante esa reunión la presidenta del Concejo, Mercedes Benítez, informó a los ediles sobre una nota enviada al Departamento Ejecutivo que incluía los tres instrumentos de designación.

El concejal Agustín Isa pidió entonces que se diera lectura a los decretos, al advertir que se mencionaban documentos cuyo contenido no había sido puesto en conocimiento del cuerpo. La Presidencia respondió que los instrumentos estaban a consideración y que su comunicación tenía como finalidad informar sobre la nota remitida al Ejecutivo, no someterlos a aprobación.

El intercambio, que quedó registrado en la versión taquigráfica de la sesión, constituye para la Municipalidad una de las pruebas centrales del expediente. El escrito interpreta que la discusión evidencia que los decretos fueron comunicados, pero no sometidos a una deliberación ni a una votación para determinar el número de agentes que debía incorporarse.

La demanda establece una distinción que atraviesa todo el planteo: tomar conocimiento de la existencia de un decreto no equivale a aprobarlo. Tampoco la remisión de un instrumento al Departamento Ejecutivo reemplaza, según el argumento municipal, la decisión que el reglamento atribuye al cuerpo legislativo.

El presupuesto como segundo capítulo del conflicto

La presentación también cuestiona el tratamiento que recibieron las designaciones durante la sesión especial del 23 de septiembre, convocada para analizar el Presupuesto General 2026.

De acuerdo con el relato del Ejecutivo, en esa instancia se habría intentado otorgar respaldo normativo a los decretos mediante la incorporación de una previsión que expandía la planta permanente del Concejo de 74 a 90 cargos.

La Municipalidad considera que esa vía no podía subsanar el procedimiento que, según sostiene, había sido omitido al momento de dictarse las designaciones. En esa línea, plantea que una previsión presupuestaria no convalida automáticamente un acto administrativo que podría haber nacido con un vicio de competencia o de procedimiento.

El intendente formalizó su oposición mediante el decreto 354/2026, del 5 de octubre, con el que vetó parcialmente el artículo 3 de la ordenanza 63/26. Tres días después, el Concejo Deliberante rechazó el veto.

Ese antecedente es utilizado por la Municipalidad para explicar el agotamiento de la instancia administrativa y justificar la intervención judicial. El Ejecutivo sostiene que el rechazo del veto no elimina la posibilidad de revisar la legalidad de los actos ni permite considerar cumplidas las etapas reglamentarias que denuncia como omitidas.

La cautelar y el riesgo de consolidar las designaciones

Además de la nulidad, Molinuevo solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender provisionalmente los efectos de los decretos y del artículo 3 de la ordenanza, en lo que corresponda a las incorporaciones cuestionadas.

El planteo busca que el Concejo Deliberante se abstenga de ejecutar nuevos actos que consoliden las designaciones, instrumentar medidas que profundicen sus efectos o efectuar nuevas incorporaciones vinculadas con las personas, áreas y cargos comprendidos en la controversia.

La Municipalidad fundamenta el pedido en dos argumentos. Por un lado, sostiene que existe verosimilitud en el derecho porque el reglamento establece un procedimiento específico que, según su interpretación, no fue cumplido. Por otro, advierte que la ejecución de las designaciones podría generar obligaciones salariales y situaciones jurídicas cuya reversión posterior resulte compleja.

El escrito aclara que la cautelar no pretende anticipar una decisión sobre la situación individual de los trabajadores, sino preservar la eficacia de una eventual sentencia.

También solicita una medida urgente para conservar las filmaciones y registros audiovisuales de las sesiones del 10 y del 23 de septiembre. La Municipalidad advierte que esos archivos podrían ser eliminados, sobrescritos o dejar de estar disponibles y reclama que sean remitidos sin cortes ni ediciones.

La controversia, por lo tanto, excede el debate sobre los $570 millones anuales que el Ejecutivo estima que demandarían las incorporaciones. En el expediente se plantea una discusión sobre las atribuciones de la Presidencia del Concejo, la intervención de los representantes en las decisiones administrativas y los límites de una ordenanza presupuestaria para respaldar actos cuestionados.