Los Colegios de Abogados judicializan las leyes que reformaron el Poder Judicial

Los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur formalizaron este viernes un paso que habían anunciado en sus dictámenes técnicos, y avanzaron con la judicialización de la reforma del Poder Judicial. Los Consejos Directivos de ambas instituciones informaron que plantearán conjuntamente la inconstitucionalidad de las Leyes N° 9.987 y N° 9.988, que modificaron la Ley Orgánica de Tribunales y el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, respectivamente. La decisión se da luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo promulgara las normas y las publicara en el Boletín Oficial.

El comunicado conjunto entre las instituciones que presidente Alberto López Domínguez (Capital) y Eduardo Racedo (sur) señala que la decisión se funda en que diversas disposiciones de las leyes, bajo una finalidad declarada de reorganización y modernización del servicio de justicia, comprometen garantías esenciales del sistema constitucional: el juez natural, la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva, la especialidad judicial, la seguridad jurídica, la igualdad de armas en el proceso y el adecuado ejercicio profesional de la abogacía.

Los aspectos cuestionados coinciden con los que ambas instituciones habían planteado durante el debate legislativo. El comunicado menciona específicamente la implementación de criterios de competencia múltiple o multifuero, la ampliación de atribuciones de los Juzgados de Paz Letrados, la reasignación de competencias al fuero contencioso-administrativo en materia de sanciones y multas, la reducción, fusión o reorganización de órganos judiciales, y la delegación de facultades reglamentarias sobre materias que, según los letrados, deben quedar determinadas por ley formal.

El comunicado distingue entre modernización legítima e inconstitucionalidad. Las instituciones sostienen que la modernización del Poder Judicial es necesaria y debe ser acompañada cuando fortalece el servicio de justicia, pero advierten que no puede realizarse en desmedro de principios constitucionales ni de los derechos de los justiciables. Aseguran que la eficiencia administrativa no puede sustituir garantías estructurales del proceso, ni la reorganización funcional puede debilitar la independencia, especialidad y calidad técnica de los órganos judiciales.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, había respaldado los cambios con datos estadísticos propios. Según fuentes del máximo tribunal, las políticas de modernización en los fueros no penales produjeron resultados que el tribunal considera sobresalientes en primera instancia: entre agosto de 2021 y mayo de 2026, la mora en sentencias definitivas del fuero civil y comercial cayó un 99,82%, pasando de 564 sentencias vencidas a solo una, mientras que la productividad creció de 919 sentencias dictadas en 2020 a 2.473 en 2025.

Ese mismo proceso, sin embargo, generó un cuello de botella en la segunda instancia: en el mismo período, las sentencias definitivas vencidas en la Cámara Civil y Comercial aumentaron un 126,16%, de 172 a 389. Fue ese desequilibrio el que la Corte utilizó para justificar la fusión de la Cámara en lo Civil y Comercial Común con la Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones -que a mayo de 2026 registraba cero sentencias vencidas- en un único órgano, con el objetivo de redistribuir capacidad hacia el fuero saturado. Esa misma decisión es una de las que los Colegios de Abogados llevaron ahora a la Justicia.

La reforma había sido sancionada por la Legislatura el 18 de junio con el respaldo del oficialismo y promulgada por Jaldo el 29 del mismo mes, luego de un proceso de consulta que el vicegobernador Miguel Acevedo impulsó como señal de apertura institucional. Ese proceso incluyó espacios formales de participación para los Colegios de Abogados y la Asociación de Magistrados. Los letrados presentaron sus reparos, la Legislatura igualmente aprobó el proyecto, y ahora la discusión se traslada a la Justicia.