
El Tribunal de Cuentas de la provincia, a través del Acuerdo N° 902, resolvió no formular observaciones al convenio de cooperación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para el financiamiento del programa Procrear Tucumán.
El eje central de la aprobación radica en el compromiso asumido por la Provincia de utilizar únicamente el 21% de los recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) para obras de infraestructura y nexos, cumpliendo con la advertencia del órgano de control de no exceder el límite legal del 30% establecido por la Ley 24.464. Al considerar la totalidad estimada de los montos FONAVI proyectados para este año, la inversión que el gobierno tucumano canalizará desde este fondo asciende a los $11.554 millones.
Este esquema financiero surge del Decreto N° 366/8, el cual formaliza la transferencia de recursos administrados por el IPV hacia la Provincia para ser destinados exclusivamente a la ejecución del Procrear. Como lo adelantó Tendencia de Noticias, esta medida introduce un cambio significativo respecto al discurso oficial previo, que presentaba al emprendimiento como una iniciativa sostenida íntegramente con recursos provinciales. El decreto también establece mecanismos de transparencia y obliga al IPV a restituir los fondos que fueron ejecutados mediante "Rentas Generales" durante el presente ejercicio presupuestario para cancelar certificados de obra del programa.

En cuanto a la composición de la caja habitacional, el acuerdo del Tribunal de Cuentas detalla que el Fondo Provincial de la Vivienda para el ejercicio 2026 se estima en $60.020 millones. Este monto se integra por la proyección de recaudación del FONAVI ($39.820 millones), el remanente del año 2025 ($15.200millones, de la suma de estos dos últimos montos surge el total del cual se deduce el 21% aludido anteriormente, lo que arroja el valor de más de $11.500 millones propios del FONAVI volcados al megaemprendimiento) y recursos propios del IPV por el cobro de cuotas ($5.000 millones). De este total consolidado, el organismo comprometió un aporte inicial al Programa Procrear de $14.080 millones, lo que representa una incidencia del 23,46% sobre el Fondo Provincial de la Vivienda.
El acuerdo del TC, que lleva la rúbrica de Miguel Chaibén Terraf (presidente) y Sergio Díaz Ricci (vocal), destaca que el Ministerio de Obras Públicas asume el rol de ejecutor de los trabajos, mientras que el IPV mantiene la atribución sobre la modalidad de adjudicación, recupero y precio final de las unidades.
Asimismo, el Tribunal verificó que este aporte no afectará la finalización de otras obras habitacionales que ya se encuentran en ejecución dentro de los programas tradicionales del sistema federal. Finalmente, se dispuso la creación de una cuenta bancaria específica para garantizar la plena trazabilidad y auditoría de cada certificado de obra abonado con estos recursos.