La Justicia volvió a intimar a la SAT por incumplir un fallo y concejales cuestionaron a la empresa

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) quedó nuevamente bajo la mira de la Justicia por presuntos incumplimientos en la prestación del servicio de agua potable. En las últimas horas, los concejales radicales José María Canelada y Gustavo Cobos informaron que un juzgado civil volvió a intimar a la empresa estatal para que cumpla una sentencia dictada en favor de vecinos que habían promovido una acción de amparo por las deficiencias en el suministro.

La resolución fue emitida en el marco de la causa “Pérez Rita y otros c/ Sociedad Aguas del Tucumán S.A.P.E.M. s/ amparo”, en la que el Juzgado Civil y Comercial Común de la XIV Nominación concluyó que la empresa no acreditó haber dado cumplimiento a una orden judicial dictada el pasado 4 de marzo.

Ante esa situación, el magistrado dispuso una nueva intimación para que la SAT regularice el cumplimiento de la sentencia en un plazo de 10 días hábiles. Además, advirtió que, de persistir el incumplimiento, podrá aplicar astreintes de $100.000 por día hasta que la empresa acate la resolución.

Los ediles opositores interpretaron la decisión judicial como una ratificación de los reclamos vecinales. “Esto confirma algo muy grave: los vecinos tuvieron razón cuando reclamaron, tuvieron razón cuando fueron a la Justicia y ahora vuelven a tener razón cuando denuncian que la SAT no cumplió”, señalaron.

Canelada sostuvo que el problema excede una cuestión administrativa y refleja las dificultades que enfrentan los usuarios para obtener respuestas. “La sentencia fue un paso importante, pero no alcanza con ganar un amparo si después la empresa no hace lo que la Justicia le ordena. Un vecino que no tiene agua o que vive con un servicio deficiente no debería tener que convertirse en abogado, gestor y auditor de la SAT”, expresó.

El dirigente radical recordó que los fallos favorables obtenidos meses atrás habían sido promovidos junto a vecinos de distintos barrios de San Miguel de Tucumán, quienes denunciaron problemas persistentes en el acceso al agua potable. En aquellos expedientes, la Justicia ordenó a la empresa adoptar medidas concretas para garantizar la prestación normal del servicio.

Por su parte, Cobos consideró que el nuevo pronunciamiento judicial agrega una dimensión institucional al conflicto. “La SAT no solo tiene que responder por la calidad del servicio. También tiene que respetar las decisiones judiciales. Una sentencia no es una sugerencia ni una recomendación: es una orden que debe cumplirse”, afirmó.

Los concejales reclamaron que la SAT informe públicamente cuáles serán las medidas que adoptará para cumplir con la sentencia y exigieron una mayor intervención del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT). “Los tucumanos pagan por un servicio esencial y tienen derecho a recibirlo. No puede ser que cada barrio tenga que organizarse, reclamar durante años y judicializar su situación para conseguir una respuesta”, plantearon.