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INTERNA JUDICIAL

La Justicia mantiene en pausa las elecciones de la Asociación de Magistrados

Seguí pidió que la cautelar no caduque cuando el tribunal resuelva su apelación, porque después quedaría la posibilidad del recurso de casación. La fecha fijada para los comicios es el 3 de diciembre.

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Fernando StanichTendencia de noticias
17 nov, 2026 06:08 p. m. Actualizado: 17 nov, 2026 06:08 p. m. AR
La Justicia mantiene en pausa las elecciones de la Asociación de Magistrados

La camarista laboral Malvina Seguí judicializó el llamado a elecciones de la AMT, que preside Marcela Ruiz.

El reloj electoral de la Asociación de Magistrados apremia. La Cámara en lo Civil y Comercial mantiene frenado el proceso desde el 29 de octubre y todavía no resolvió la apelación de la vocal Malvina Seguí contra el fallo que rechazó su amparo. Mientras tanto, el estatuto fija las elecciones en la primera quincena de diciembre, exige convocarlas con al menos 30 días de anticipación y los mandatos de la Comisión Directiva vencen el 15.


La Cámara en lo Civil y Comercial Común pasó a despacho el viernes 13 de noviembre el pedido de Seguí para que la medida cautelar que suspendió las elecciones de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) se mantenga hasta que quede firme lo que se resuelva en el amparo. La providencia, firmada por la vocal Florencia Natalia Presti, responde a la comparecencia que presentó el abogado de la actora, Eduardo Racedo, dentro del plazo de 24 horas que le dio el juez Raúl Tejerizo al elevar la apelación.


En ese escrito, Racedo mantuvo el recurso y sus fundamentos contra la sentencia del 10 de noviembre, con la que Tejerizo rechazó el amparo y ordenó levantar la cautelar, aunque después dispuso que ese levantamiento no se ejecute hasta que se pronuncie la Cámara. El abogado pidió con carácter urgente que la medida dispuesta por la sentencia 632, del 29 de octubre, siga vigente “hasta que quede firme lo que se resuelva en este amparo”. Su argumento es que la Cámara, al dictarla, tuvo en cuenta que después de la sentencia de fondo “todavía quedan habilitadas para las partes las instancias de apelación y casación”. Si la medida cesara con el pronunciamiento de la Alzada, sostuvo, la AMT podría reanudar el proceso electoral mientras se tramita la casación, y la celebración de los comicios consumaría la lesión que el amparo busca evitar.


La providencia del 13 de noviembre tiene presentes los dos primeros puntos del escrito y, sobre el pedido de que la medida subsista, dispone “estese a lo resuelto” en la sentencia del 29 de octubre, que rige “hasta que recaiga pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión en este amparo”, y al efecto suspensivo con el que se concedió la apelación. El pedido de aclarar que la medida rige hasta que haya una decisión firme, es decir, el que Racedo reitera del escrito de interposición, quedó “a despacho para resolver”.


Mientras la Cámara no decida, la cautelar sigue vigente y el proceso electoral continúa suspendido. La AMT había publicado el 26 de octubre en el Boletín Oficial la resolución 01/2026, que convocaba a elecciones para el 3 de diciembre, designaba el Tribunal Electoral y le encomendaba el calendario y los padrones. El estatuto establece que la elección se realiza en la primera quincena de diciembre y que el llamado debe hacerse con una anticipación no menor a 30 días. Racedo sostiene que, si el proceso se reanuda, exigirá una nueva convocatoria con esa antelación y que no podrá retomarse “el cronograma suspendido como si la medida no hubiese existido”. La Cámara había aclarado el 29 de octubre que la suspensión no dejaba sin efecto la convocatoria y que el proceso podría reanudarse “con nuevas fechas”.


El escrito de Racedo también corrige cuatro errores de transcripción del recurso anterior, entre ellos el número de la sentencia de la Cámara, que figuraba como 363 y es la 632, y reitera la reserva del caso federal y del recurso de casación. El recurso discute si la reforma estatutaria rige desde su aprobación en 2021, como resolvió Tejerizo, o desde su publicación en el Boletín Oficial, el 31 de octubre de 2025, como sostiene Seguí. Según su demanda, unos 50 funcionarios quedarían habilitados para votar sobre un cuerpo electoral de unos 200 asociados.

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