La Justicia cita a la empresa adjudicataria en el juicio por la licitación de residuos en Tucumán

Se abrió una nueva etapa del conflicto judicial vinculado a la gestión de residuos sólidos urbanos en el Gran San Miguel de Tucumán. El martes, la Justicia provincial citó formalmente a la unión transitoria de empresas (UTE) Esur SA-Ciageser SA para que responda en el expediente por la nulidad del proceso licitatorio promovido por Moviser SRL, ex concesionaria del servicio. La medida, dispuesta por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, obliga a la adjudicataria a contestar la demanda en un plazo de 10 días, integrándose así al debate judicial sobre la validez de la contratación.

La resolución se produce en el marco del expediente 155/25, en el que Moviser SRL solicitó la declaración de nulidad de la licitación promovida por el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), encargada de administrar la operación de las plantas de transferencia y disposición final de residuos en San Felipe y Overo Pozo, así como también el traslado de la basura entre ambos predios. En el nuevo proveído, la Justicia -a través del camarista Juan Ricardo Acosta- ordenó que la UTE Esur SA- Ciageser SA sea incorporada como co-demandada y citada a estar a derecho.

La disputa se remonta a febrero y marzo de 2025, cuando el Consorcio GIRSU abrió un proceso de licitación pública para la prestación integral de los servicios de gestión de residuos en el área metropolitana, con un presupuesto oficial estimado en más de $81.000 millones por 60 meses. En la apertura de sobres, la UTE conformada por Esur y Ciageser, vinculada al grupo que administra la empresa Transportes 9 de Julio, presentó una oferta de $68.142 millones, sustancialmente menor que la de Moviser SRL, que alcanzó los $103.968 millones.

Moviser, que venía prestando estos servicios desde hace más de una década, cuestionó la licitación ante la Justicia el 14 de abril de 2025, señalando supuestas irregularidades en el proceso y violaciones a principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia. La empresa buscó inicialmente una medida cautelar de no innovar para frenar la adjudicación y la entrada en funciones de la nueva contratista.

Sin embargo, a comienzos de mayo de 2025, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó ese pedido cautelar, argumentando que no se acreditaba la “verosimilitud del derecho” exigida para conceder la medida. Ese fallo permitió que la UTE adjudicataria comience a operar efectivamente la gestión de residuos, aunque sin resolver aún el fondo del reclamo de nulidad.

Con la reciente citación a la UTE adjudicataria, la causa da un paso más hacia la discusión de fondo. Integrar a la empresa beneficiaria del contrato al proceso es considerado por la Cámara una condición necesaria de justicia, dado que una eventual sentencia invalidando la licitación podría afectar directamente sus derechos contractuales.

La incorporación de Esur SA-Ciageser SA como parte del proceso marca una etapa clave en el litigio, que continuará con la respuesta de la co-demandada, la presentación de pruebas y, eventualmente, la resolución de fondo sobre la legalidad del procedimiento licitatorio. Hasta entonces, la adjudicación permanece firme y la UTE sigue a cargo de los servicios reclamados por Moviser.

En paralelo, hay otro frente judicial que mantienen Moviser y el Consorcio Metropolitano. Este miércoles, Tendencia de Noticias dio cuenta de que la empresa presentó una demanda contencioso-administrativa solicitando la nulidad de una serie de resoluciones con multas aplicadas por el Consorcio, porque entiende que fueron dictadas sin competencia, sin causa y con una finalidad desviada, cuando el vínculo contractual ya estaba extinguido. En total, el GIRSU le reclama a la empresa poco más de $ 112 millones.