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PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

La Asociación de Magistrados insiste en que los socios adherentes pueden votar en la interna

En su réplica a la apelación de la vocal Seguí, la asociación planteó que unos 50 funcionarios judiciales incorporados en 2021 deben integrar el padrón. También advirtió que se busca reemplazar al tribunal Electoral de la AMT.

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19 nov, 2026 05:18 p. m. Actualizado: 19 nov, 2026 05:18 p. m. AR
La Asociación de Magistrados insiste en que los socios adherentes pueden votar en la interna

Marcela Ruiz preside la Asociación de Magistrados de Tucumán.

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) defendió ante la Cámara el derecho a votar de los socios adherentes, el punto que mantiene en pausa su proceso electoral. En su respuesta a la apelación de la vocal Malvina Seguí, la conducción de la entidad pidió que se sostenga la sentencia que en primera instancia avaló su criterio y sostuvo que excluir a esos funcionarios restringiría derechos políticos. El mismo martes, la Sala IV dejó constancia de que el expediente pasa a estudio de la segunda vocal, Florencia Presti, porque la vocal preopinante, María Soledad Monteros, está de licencia.


La providencia detalla el orden de votación de la Sala IV: Monteros como primera vocal, Presti como segunda y Gisela Fajre como tercera. Establece que, “al encontrarse de licencia la vocal preopinante”, los autos pasaron a estudio de Presti. Ella y Monteros son las juezas que el 29 de octubre habían dispuesto la suspensión cautelar de las elecciones fijadas para el 3 de diciembre, en el amparo que Seguí promovió contra la asociación.


El escrito de la AMT lleva la firma de su apoderado, Luis Alejandro Medina, y tiene 16 páginas. Medina compareció dentro del plazo de 24 horas que había fijado el juez Raúl Tejerizo al conceder, el 12 de noviembre y con efecto suspensivo, la apelación de la actora. Según el abogado, el plazo corrió desde el día siguiente a la notificación por casillero digital del 13 de noviembre, de modo que el 17 era el primer día hábil para presentarse. Utilizó además la facultad del artículo 29 del Código Procesal Constitucional para mejorar los fundamentos de la sentencia apelada.


El eje del planteo es el cómputo de la antigüedad de los socios adherentes, los funcionarios judiciales que se incorporaron a la entidad tras la reforma del estatuto. La AMT sostiene que su incorporación efectiva comenzó en 2021, a partir de la asamblea extraordinaria del 5 de noviembre de ese año, que según el escrito fue ratificada en 2025. Seguí, en cambio, sostiene que ese plazo debe contarse desde el 31 de octubre de 2025. Medina afirmó que “la tesis de la apelante convierte dicha previsión en letra muerta durante cuatro años” y que la interpretación literal del artículo 40 del estatuto vuelve imposible aplicar el artículo 5, que habla de funcionarios incorporados “a partir de esta reforma estatutaria”. Planteó que debe prevalecer la norma específica sobre la transitoria.


El apoderado invocó también el artículo 157 del Código Civil y Comercial, según el cual la modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Argumentó que esa regla distingue la eficacia interna de la reforma de su oponibilidad frente a terceros, que depende de la publicidad. Respecto del dictamen de la Dirección de Personas Jurídicas que invocó la actora, dijo que “un dictamen carece de fuerza vinculante” y que el propio organismo aclaró que la determinación del alcance interno de la reforma excedía su competencia. Ese pronunciamiento consta en el expediente administrativo 2697/211/2026.


Medina señaló además que los funcionarios incorporados en 2021 aportaron económicamente a la entidad y participaron de su vida institucional. Sobre esa base, invocó la doctrina de los actos propios y la buena fe. “Pagaron, participaron y utilizaron los beneficios de la asociación”, escribió. Calculó en unos 50 los asociados que perderían su lugar en el padrón con la tesis de la actora. Afirmó que esa interpretación “no amplía derechos” sino que “los restringe”, y la contrapuso a los principios pro participación y pro sufragio, que según el escrito rigen también en las asociaciones civiles.


El último bloque del escrito cuestiona la vía elegida. Según la AMT, cuando se promovió el amparo no existía padrón definitivo, candidatura oficializada ni exclusión efectiva de asociados. El apoderado sostuvo que “el amparo fue utilizado para desplazar anticipadamente” los mecanismos institucionales, en referencia al Tribunal Electoral y a los órganos de la entidad. Agregó que la sentencia de primera instancia necesitó más de quince páginas de análisis para llegar a su conclusión, lo que a su criterio demuestra que no hay arbitrariedad manifiesta, requisito del amparo.


Medina informó además que cumplió con la carga que le impuso el decreto del 12 de noviembre. Ese mismo martes envió por correo electrónico a la AMT una comunicación que transcribe el decreto y deja constancia de que queda suspendida la ejecución de lo resuelto en el punto II de la sentencia del 10 de noviembre hasta que se pronuncie la Cámara. Luego, la Comisión Directiva respondió que, por instrucciones recibidas, confirmaba la recepción. “Reiteramos nuestro más absoluto compromiso por el cumplimiento de la Decisión Judicial”, agregó. En su presentación ante la Cámara, el abogado afirmó que tanto el Consejo Directivo como el Tribunal Electoral expresaron su colaboración para ajustar su actuación a lo que ordene la Alzada.


La apelación de Seguí fue concedida con efecto suspensivo, por lo que el punto II de la sentencia del 10 de noviembre -sobre las elecciones- no se ejecuta hasta que la Cámara resuelva. Los mandatos de la actual conducción vencen el 15 de diciembre.

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