
En medio de una creciente tensión política por la regulación de la violencia digital en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo sentó posición sobre el uso de las redes sociales para el desprestigio político y personal. Si bien el mandatario tomó distancia de la disputa legislativa directa, condenó los ataques infundados y ratificó que su administración no desviará el foco de la gestión pública frente a lo que denominó "pseudocuestionamientos". La postura surge en un clima de fuerte confrontación entre el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse y referentes de La Libertad Avanza, quienes denuncian intentos de censura.
El gobernador Jaldo se refirió explícitamente a los episodios de las últimas semanas, donde la difusión de contenidos sobre la vida privada de dirigentes y denuncias sin sustento ganaron terreno en el ecosistema digital. Al respecto, el mandatario fue tajante: “Hay personas que se dedican a este tipo de cosas que no es otra que desprestigiar de manera infundada tanto gestiones de gobierno como también llegan a tocar temas personales que está de alguna manera totalmente fuera de lugar este tipo de accionar y no compartimos absolutamente para nada”.
Pese a su malestar por estas prácticas, Jaldo subrayó que el Poder Ejecutivo mantendrá su agenda centrada en los problemas estructurales de la provincia, mencionando como ejemplo el análisis de la actividad turística. “Nosotros no nos vamos a salir de ese esquema de trabajo por más de estos pseudoscuestionamientos que se nos hacen y siempre a través de redes sociales”, afirmó. No obstante, apeló a la convivencia institucional: “También somos respetuosos porque vivimos en democracia, así que en ese sentido cada uno está en su derecho, aunque para nada lo compartimos”.
¿Regulación o censura?
El trasfondo de las declaraciones del gobernador es el polémico proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse (junto a Sergio Mansilla y Roque Argañaraz). La iniciativa busca crear la “Medida Cautelar Digital Urgentísima”, que facultaría a un juez a ordenar la eliminación o bloqueo de contenidos calumniosos en un plazo máximo de seis horas.
Vargas Aignasse defiende que el proyecto protege a los ciudadanos comunes del "paredón de las redes sociales" y la difamación organizada. Sostiene que no busca censurar, sino ofrecer una tutela judicial efectiva ante la velocidad de viralización del daño digital. "Han confundido libertad con impunidad", disparó el legislador, aclarando que existe un "candado normativo" para evitar que se bloqueen opiniones o información de interés público.
Por su parte, el diputado nacional Gerardo Huesen y sectores de La Libertad Avanza calificaron la movida como un intento de instaurar un "modelo chino de censura". Para los libertarios, la medida busca "amordazar" voces críticas y frenar su crecimiento político de cara al 2027, representando una amenaza directa a la libertad de prensa.
Mientras el debate legislativo promete seguir escalando, Jaldo intenta blindar su gestión de la "violencia digital", dejando la batalla técnica y jurídica en manos del parlamento, pero dejando claro que, para su Gobierno, la prioridad sigue siendo la gestión territorial por encima de las disputas en la pantalla.