Interna en la Asociación de Magistrados: jueces que son socios, jueces que se apartan y criterios opuestos

Dos causas contra la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) tropiezan con un mismo obstáculo: encontrar jueces que puedan resolverlas. “La mayor parte de los magistrados de este Poder Judicial” está afiliada a la entidad, escribió el vocal Benjamín Moisá el 21 de octubre. En la demanda de nulidad de asamblea de la jueza Ana María Iacono y en el amparo electoral de la vocal Malvina Seguí hubo inhibiciones, recusaciones y excusaciones en cadena. En el segundo expediente, incluso, un tribunal formado para decidir esos apartamientos fue declarado nulo.

La regla que está en discusión es el artículo 111, inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial, que prevé el apartamiento del juez que tenga participación directa en una corporación que litiga. En el amparo rige además el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que no admite la recusación sin causa y establece que el juez que se considera inhabilitado por temor a parcialidad debe seguir el trámite hasta que asuma el subrogante.

Por varias manos

La causa de Iacono se inició el 22 de julio y pasó por varios juzgados cuyos titulares se inhibieron o se excusaron, hasta que un sorteo la dejó, el 29 de septiembre, en la I Nominación. El juez Pedro Yane Mana dictó una cautelar y la AMT lo recusó sin causa el 8 de octubre, con el argumento de que debió excusarse por haber participado en la asamblea cuestionada. Como la mayoría de los titulares de la I a la VIII Nominación ya se había excusado, por ser socios o por razones personales, la causa se sorteó entre los juzgados de la X a la XVI y quedó a cargo de la jueza Inés de los Ángeles Yamuss, a quien la entidad recusó con causa el 30 de octubre. Yamuss rechazó el planteo y elevó el expediente a la Cámara, que lo sorteó para la Sala V. Allí, el vocal Luis José Cossio se inhibió por ser asociado y miembro de la Comisión Directiva de la AMT.

Cautelar y conciliación frustrada

En el amparo de Seguí, el juez Raúl Tejerizo se inhibió el 15 de octubre por ser “miembro activo en calidad de asociado”. El juez Camilo Appas observó esa decisión. La condición de asociado, sostuvo, la comparten numerosos magistrados, “entre ellos quien suscribe”. En la Cámara se apartaron Cossio, Carlos Courtade, María del Pilar Amenábar y Laura David. Moisá aceptó solo la excusación de Cossio, porque integrar la Comisión Directiva “constituye una vinculación orgánica con la persona jurídica litigante”, distinta de la simple condición de asociado, y observó las otras tres. “La sola pertenencia a una persona jurídica no demuestra, por sí misma, la existencia de un interés personal”, escribió sobre la condición de afiliado.

El tribunal de excusación, sorteado el 22 de octubre, aceptó el 26 las excusaciones que Moisá había observado y la inhibición de Álvaro Zamorano, que integró la Comisión Directiva entre 2018 y 2024. En el caso de David, consideró razonable su temor de parcialidad porque integra la Sala I con la presidenta de la AMT, Marcela Ruiz, que también es vocal de la Cámara. Ese mismo día, Moisá, que había asumido la presidencia subrogante, declaró nula esa sentencia. “No se encuentra previsto un sorteo”, afirmó, y sostuvo que ser simple asociado no implica participación directa. Ordenó que Tejerizo continúe con el amparo.

Los criterios, entonces, no coinciden. Para Moisá y Appas, ser socio no alcanza, pero integrar la Comisión Directiva sí. Tejerizo se apartó por su condición de asociado. El tribunal que se anuló aceptó la excusación de David por una razón vinculada con la integración de su sala. La AMT, por su parte, sostuvo en la causa de Iacono que un juez que participó en la asamblea debía excusarse.

La Cámara dispuso el 29 de octubre, en medio de ese cruce, la suspensión de las elecciones fijadas para el 3 de diciembre. Otro capítulo de ese enredo fue la audiencia de conciliación que Tejerizo convocó en el amparo, con los plazos del juicio suspendidos mientras se buscaba una salida pactada, y que se realizó este viernes 6. Seguí concurrió con su abogado, Eduardo Racedo, y no hubo acuerdo. La vocal sostuvo que la cuestión no es conciliable, porque se trata de aplicar la ley y el estatuto, es un asunto de puro derecho y no admite transacción. El amparo sigue sin sentencia de fondo, con la elección suspendida por orden de la Cámara, y los mandatos de la actual Comisión Directiva vencen el 15 de diciembre.