
Gremios y organizaciones sociales marcharán este jueves al Congreso para rechazar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que el Gobierno eliminó del proyecto el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros.
“Se sostiene la movilización”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas desde el entorno de uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las centrales obreras que confirmó su participación en la protesta frente al Parlamento.
La misma postura adoptó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por gremios distanciados de la conducción cegetista. Ese espacio convocó a concentrarse desde el mediodía al considerar que el texto todavía contiene artículos que califica como “nocivos”.
Entre los puntos cuestionados, el sector sindical mencionó los procedimientos de desalojo exprés que podrían alcanzar a inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, las limitaciones impuestas al Estado para avanzar con expropiaciones y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Con esos artículos todavía incluidos en el proyecto, el Fresu consideró necesario mantener la convocatoria.
La CTA Autónoma también ratificó su participación, mientras que las organizaciones sociales buscarán realizar una movilización de alcance amplio para expresar su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La protesta había sido anunciada el miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, de la que participaron representantes de las tres centrales obreras.
Estuvieron presentes los integrantes del triunvirato cegetista Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores.
Durante el encuentro, los dirigentes cuestionaron especialmente la propuesta original para flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, al considerar que implicaba “ponerle un cartel de venta al país” para favorecer a “unos pocos millonarios”.
“De lo que se trata es de que cualquier capital que ingrese tenga las consideraciones no solamente de cuidar los recursos naturales, sino también de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite democrático y al servicio de qué proyecto de país”, expresó Sola.
En la misma línea, Godoy sostuvo que no se trata de una norma aislada, sino de “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” del país.
Además, afirmó que la iniciativa busca “vulnerar” los derechos de la clase trabajadora, que responderá “con organización, opinión firme y movilización popular en las calles”.