Exigen informes detallados sobre el Acueducto de Vipos ante el tironeo político entre la Provincia y el mileísmo

El inicio formal de las obras del Acueducto de Vipos desencadenó una inmediata reacción parlamentaria orientada a desentrañar la realidad administrativa y financiera que sustenta el proyecto. El legislador Agustín Romano Norri (Movimiento Radical-foto inferior) elevó un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo un informe "detallado, documentado y actualizado" sobre la obra. Esta iniciativa se fundamenta en la necesidad de contar con información precisa ante los cruzados reclamos de autoría entre la administración de Osvaldo Jaldo y la gestión de Javier Milei, un escenario de tironeo político donde ambas jurisdicciones se atribuyen el impulso de la inversión. Según el parlamentario radical, la relevancia del proyecto exige “absoluta claridad sobre su origen financiero, su mecanismo de contratación, los organismos intervinientes, el grado de responsabilidad que corresponde a cada jurisdicción y los compromisos eventualmente asumidos por la Provincia”.

El proyecto, denominado oficialmente "Optimización del Servicio de Agua Potable – Acueducto de Vipos", contempla una inversión de $144.007 millones y un plazo de ejecución de 42 meses. La infraestructura incluye una nueva toma sobre el río Vipos, una planta potabilizadora y más de 50 kilómetros de cañerías troncales para abastecer a más de 235.000 habitantes de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y el norte de la Capital.

Ante el lanzamiento de la obra, el gobernador Jaldo reivindicó el rol provincial al asegurar que “en dos años y siete meses de gestión logramos destrabar este proyecto”, calificándolo como un “esfuerzo compartido entre un organismo internacional, el Gobierno nacional y el Gobierno de Tucumán”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza local salieron a capitalizar el hecho. El referente libertario Lisandro Catalán afirmó de manera tajante que “todo esto es posible gracias a las políticas que implementó el presidente Javier Milei desde el primer día de su gobierno”, destacando que la obra es financiada por un crédito del BID gestionado por la Nación. En sintonía, la diputada Soledad Molinuevo cuestionó a la gestión local al sostener que “mientras Tucumán usa recursos para la política, el Gobierno nacional se pone al hombro obras de infraestructura para ayudar a los tucumanos”.

Frente a estas interpretaciones contradictorias, Romano Norri advirtió en sus fundamentos que la obra ha sido objeto de “discusión en torno a quién corresponde atribuir su gestión, financiamiento, reactivación o ejecución”, lo que vuelve imperativo contar con datos objetivos para evitar que la obra “quede reducida a una disputa partidaria”. El legislador requiere que el Ejecutivo precise si la obra se ejecuta con recursos propios, nacionales o internacionales, y que se documente el encuadre jurídico del préstamo del BID.

Entre los puntos más destacados del pedido de informes, Norri solicita:

• “Indicar qué gestiones, autorizaciones, decisiones administrativas o intervenciones correspondieron al Gobierno Nacional, especificando los organismos nacionales intervinientes”.

• “Remitir copia del llamado a licitación, pliegos, acto administrativo de adjudicación, contrato de obra y convenio de financiamiento”.

• “Precisar si la Provincia de Tucumán debe efectuar aportes, contrapartidas, garantías, pagos complementarios, expropiaciones o cualquier otro compromiso económico vinculado directa o indirectamente a la obra”.

Derecho a la información y gestión pública

El parlamentario opositor enfatizó que la transparencia en la obra pública es un principio básico de buena administración y que la ciudadanía tiene derecho a conocer con precisión la "letra chica" de los acuerdos. En su exposición de motivos, fue categórico al señalar que una política pública de esta escala debe ser verificable y no un mero activo comunicacional: “una obra de esta magnitud no puede ser patrimonio comunicacional de un partido, de un gobierno o de una gestión aislada”.

El pedido de informes busca también determinar qué organismo actúa como contratante y supervisor, discriminando las competencias de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Norri concluyó reafirmando la necesidad de previsibilidad para la provincia: “Los tucumanos necesitan agua potable, pero también necesitan saber con claridad quién financia, quién ejecuta, quién controla y quién responde por las obras que se anuncian en su nombre”.