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CUENTAS EN LA MIRA
El Tribunal de Cuentas reclama más de $205 millones a autoridades de cuatro comunas por rendiciones sin regularizar
El organismo declaró patrimonialmente responsables a comisionados comunales, exautoridades y secretarios habilitados mediante cinco acuerdos. Los casos involucran a Gobernador Piedrabuena, Los Bulacios y Los Villagras, San Pablo y Villa Nougués y El Chañar. Se dispuso la intervención de abogados fiscales para procurar el cobro de los montos reclamados.
El Tribunal de Cuentas de Tucumán formuló cargos fiscales por un total de $205.335.949,04 contra autoridades y exautoridades de cuatro comunas rurales de la provincia, tras concluir cinco juicios de cuentas relacionados con observaciones sobre la administración de fondos públicos que no fueron regularizadas en su totalidad.
Las resoluciones, emitidas entre el 13 y el 15 de octubre, involucran a responsables de las comunas de Gobernador Piedrabuena, Los Bulacios y Los Villagras, San Pablo y Villa Nougués y El Chañar, por rendiciones correspondientes a distintos períodos comprendidos entre 2021 y 2025.
En todos los casos, el organismo de control declaró la responsabilidad patrimonial de los involucrados, determinó los importes de los cargos fiscales y dispuso la intervención de su Departamento Judicial para gestionar el cobro y, de corresponder, iniciar las acciones de ejecución.
Los montos fueron actualizados hasta agosto de 2026 mediante la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y deberán continuar ajustándose hasta la fecha de su efectivo pago.
Los nuevos cargos fiscales vuelven a poner en evidencia la problemática de las “comunas flojas de papeles”, que Tendencia de Noticias viene abordando a partir de las reiteradas observaciones sobre el manejo y la rendición de fondos públicos en el interior tucumano.
El propio Tribunal de Cuentas, al evaluar la Cuenta de Inversión 2025 mediante el Acuerdo Nº 3482, advirtió que las 93 comunas rurales de la provincia registran sus movimientos en “registros contables precarios” y carecen de un sistema que permita obtener información “confiable, precisa y oportuna”.
Aunque el organismo constató que se había presentado el 99,10% de los estados contables bimestrales, señaló deficiencias estructurales en los mecanismos de registración y recomendó implementar un sistema de contabilidad adecuado. En ese contexto, las cinco resoluciones que ahora establecen cargos fiscales por más de $205 millones constituyen nuevos antecedentes de las dificultades para justificar y regularizar la administración de recursos públicos en las comunas tucumanas.
Gobernador Piedrabuena: un cargo fiscal superior a $90 millones
Uno de los casos de mayor monto corresponde a la comuna rural de Gobernador Piedrabuena. Mediante el Acuerdo Nº 3944, del 13 de octubre, el Tribunal de Cuentas declaró patrimonialmente responsables al comisionado comunal, Lautaro Hugo Apestey, y el secretario habilitado Carlos Ríos.
El expediente se originó por la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 2918, correspondiente al primer bimestre de 2025, por un importe observado de $61.602.288,26.
El Tribunal señaló que los responsables fueron declarados en rebeldía mediante el Acuerdo Nº 2442, del 26 de junio de 2026, y que no aportaron pruebas para regularizar las observaciones durante el procedimiento.
En consecuencia, resolvió formular un cargo fiscal de $90.628.800,28, actualizado al 28 de agosto de 2026.
Los Bulacios y Los Villagras: reclaman más de $86 millones
Otra de las resoluciones de mayor relevancia es el Acuerdo Nº 3995, del 15 de octubre, correspondiente a la comuna rural de Los Bulacios y Los Villagras.
En este caso, el Tribunal declaró patrimonialmente responsables al comisionado comunal Cristian Argañaraz y a la secretaria habilitada Claudia Marcela Bulacio, por la falta de regularización de observaciones contables correspondientes al primer bimestre de 2025.
El juicio de cuentas había sido ordenado mediante el Acuerdo Nº 1798, del 21 de mayo de 2026, a partir de un saldo observado de $57.720.832,40.
Durante el procedimiento se realizaron las notificaciones correspondientes, se abrió la causa a prueba y se dio intervención a los responsables para que ejercieran su derecho de defensa.
Sin embargo, concluido el trámite, el organismo determinó que persistía la falta de regularización del importe cuestionado.
Por ese motivo, resolvió formular un cargo fiscal de $86.639.649,94, actualizado al 31 de agosto de 2026.
San Pablo y Villa Nougués
El Acuerdo Nº 3959, del 14 de octubre, corresponde a un juicio de cuentas contra Sergio Luis Castro y Miguel Antonio Fernández, exdelegado comunal y exsecretario habilitado, respectivamente, de San Pablo y Villa Nougués.
La investigación se inició por la falta de regularización del Comprobante de Observación Nº 1360, correspondiente al sexto bimestre de 2022, por un importe original de $121.932.359,86.
Durante el procedimiento, los responsables fueron inicialmente declarados en rebeldía por no comparecer dentro del plazo establecido. Posteriormente, ambos constituyeron domicilio legal y presentaron documentación para intentar subsanar las observaciones.
El análisis contable determinó que esa presentación permitió regularizar parcialmente la situación, por lo que quedó un saldo pendiente de $5.669.870,39.
Tras aplicar la actualización correspondiente, el Tribunal fijó un cargo fiscal de $18.536.969,36, impuesto en forma solidaria y mancomunada a ambos responsables.
También ordenó la intervención del Departamento Judicial para procurar su percepción.
El Chañar
En el caso de la comuna rural de El Chañar, el Tribunal de Cuentas resolvió formular un cargo fiscal contra el comisionado comunal Fabio Roque Pérez, mediante el Acuerdo Nº 3940, del 13 de octubre.
El expediente se originó por observaciones correspondientes al primer bimestre de 2024, por un importe inicial de $21.029.082,89.
Durante el juicio de cuentas, Pérez presentó un descargo acompañado de documentación respaldatoria, que fue analizada por los organismos técnicos del Tribunal.
Como resultado, se recomendó aprobar parcialmente la rendición por $16.495.668,67, quedando pendiente de regularización un saldo de $4.533.414,22.
El importe fue actualizado al 31 de agosto de 2026, por lo que el organismo terminó formulando un cargo fiscal de $8.685.307,03.
Otro expediente contra exautoridades de Gobernador Piedrabuena
La comuna de Gobernador Piedrabuena también aparece involucrada en una segunda resolución, correspondiente a una gestión anterior.
A través del Acuerdo Nº 3968, del 14 de octubre, el Tribunal declaró patrimonialmente responsables a la excomisionada comunal Olga Estela Lucena y al secretario habilitado Carlos Enrique Ríos, por observaciones correspondientes al tercer bimestre de 2021.
El expediente se había iniciado por un importe de $8.352.457,51.
Durante el procedimiento, los responsables presentaron documentación que permitió justificar parcialmente los gastos observados, por lo que el monto pendiente se redujo inicialmente a $2.298.467,72.
Posteriormente, el Tribunal analizó otras observaciones y resolvió excluir importes relacionados con la falta de certificados de funcionamiento de una cooperativa y con cuestiones formales vinculadas a recibos de haberes.
El organismo consideró que esas deficiencias, por sí solas, no justificaban la imposición de cargos fiscales cuando no se acreditaba un perjuicio patrimonial.
De esta manera, el saldo finalmente pendiente de regularización quedó establecido en $203.399,99.
Con la actualización correspondiente al 30 de agosto de 2026, el cargo fiscal fue fijado en $845.222,43.
La resolución también dispuso la intervención del Departamento Judicial para gestionar su cobro.
Un dato relevante es que Carlos Ríos figura como secretario habilitado en los dos expedientes de Gobernador Piedrabuena, correspondientes a los períodos de 2021 y 2025.
Los cargos fiscales deberán actualizarse hasta su efectivo pago
En las cinco resoluciones, a las que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el Tribunal de Cuentas dispuso dar por concluidos los respectivos juicios de cuentas y declaró la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y exfuncionarios involucrados, que deberán responder de sus bolsillos por los montos impuestos.
Los cargos fiscales determinados suman $205.335.949,04, aunque el importe definitivo podría ser mayor debido a que todos los acuerdos establecen su actualización hasta la fecha de efectivo pago.
Las actuaciones, que llevan las firmas del presidente del Tribunal, Miguel Chaiben Terraf y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, fueron remitidas al Departamento Judicial del organismo para que los abogados fiscales correspondientes procuren recuperar los montos reclamados y, cuando resulte necesario, impulsen su ejecución.
Cabe aclarar que las resoluciones corresponden a procedimientos administrativos de control de cuentas públicas y determinación de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, no constituyen por sí mismas condenas penales ni acreditan necesariamente la comisión de delitos.
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