El proyecto de Reforma Electoral sigue sin avanzar: el Gobierno busca reunir los votos para eliminar las PASO

El Gobierno de la Nación atraviesa semanas decisivas en varios frentes. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que restableció provisoriamente las restricciones a la compra de tierras por extranjeros, el oficialismo buscará aprovechar el escenario para frenar el avance de la oposición contra el DNU 70/2023 y concentrar sus esfuerzos en la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatórias.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, dejó en manos de Casa Rosada buena parte de las negociaciones para reunir los votos. La estrategia apunta a que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialogue directamente con los gobernadores, mientras la senadora trabaja para sumar a legisladores que no responden directamente a los mandatarios provinciales.

El oficialismo cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 votos para aprobar la iniciativa. Esa diferencia obliga a negociar con otros bloques, en un escenario atravesado por reclamos provinciales y desconfianza sobre los acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.

La discusión legislativa lleva semanas sin avances significativos. La última reunión de comisión sobre el proyecto se realizó el 15 de septiembre, luego de un período de cuatro meses sin encuentros. La propuesta del Gobierno consiste en eliminar las PASO e incorporar también el debate sobre Ficha Limpia, la iniciativa que establece restricciones para las candidaturas de personas alcanzadas por determinadas condenas o situaciones judiciales.

Los bloques aliados, en cambio, prefieren suspender las primarias en lugar de eliminarlas definitivamente y discutir Ficha Limpia mediante un proyecto separado.

El Gobierno espera avanzar con reuniones individuales entre Santilli y los gobernadores, especialmente los radicales. Dentro de ese espacio, 7 de los 10 integrantes del bloque de senadores responden a los ejecutivos de sus provincias, lo que vuelve determinante el diálogo con los mandatarios para conseguir apoyos.

Los reclamos incluyen obras públicas, asistencia financiera y garantías sobre el armado de las listas electorales. Cada gobernador busca preservar su margen de decisión en el distrito, mientras la Casa Rosada intenta vincular los acuerdos políticos con el respaldo a su agenda de reformas.