
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de recortar en $2,5 billones el presupuesto previsto para 2026 y advirtió que esa medida tendrá un fuerte impacto en las finanzas provinciales, especialmente en áreas sensibles como salud, educación, desarrollo social y obras públicas.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, y rodeado por la mayor parte de su gabinete, el mandatario sostuvo que el ajuste fue sorpresivo incluso para las provincias que mantienen diálogo institucional con la administración nacional y alertó que Tucumán deberá absorber con recursos propios partidas que hasta ahora eran financiadas por la Nación.
“Es un recorte que sorprendió a propios y extraños”, afirmó Jaldo. “Nosotros estamos en contacto permanente con funcionarios nacionales y conversando con colegas de otros distritos, y ninguno sabía que se iba a reducir en 2,5 billones el presupuesto de la República Argentina”.
El gobernador aseguró que la medida “daña y mucho” a Tucumán, ya que afecta programas y fondos que impactan de manera directa en la vida cotidiana de la población. “La reducción del presupuesto nacional ha traído un perjuicio muy grande a la provincia, porque hay partidas que impactan en educación, salud y acción social. Golpean a cada uno de los tucumanos”, sostuvo.
Jaldo remarcó además que el ajuste se produce en un contexto de desaceleración del consumo y de incertidumbre sobre la evolución del impuesto a las Ganancias, dos factores que ya venían reduciendo los recursos coparticipables que recibe la provincia. “Este recorte se suma a los recursos que ya viene perdiendo Tucumán producto de que el consumo no mejora y de la incertidumbre sobre el impuesto a las ganancias”, advirtió.

Un impacto estimado en $18.000 millones
El ministro de Economía, Daniel Abad, fue el encargado de cuantificar el alcance del recorte y precisó que la provincia dejará de percibir alrededor de $18.000 millones, una cifra que obligará al Gobierno provincial a redefinir prioridades para garantizar la continuidad de servicios esenciales.
Según explicó, uno de los rubros afectados corresponde a los recursos de Vialidad Nacional destinados al mantenimiento y mejora de rutas provinciales, con una merma estimada en $4.500 millones anuales.
En el área educativa, Abad indicó que se suspenderán programas y se frenará el financiamiento para obras de infraestructura escolar. “Eso representa 2.500 millones de pesos”, detalló.
No obstante, el mayor impacto se registrará en el sistema de salud. El funcionario alertó que dejarán de enviarse fondos para programas oncológicos y de atención a personas con HIV, prestaciones que el Gobierno tucumano se comprometió a sostener con fondos propios.
“Son programas muy importantes que tendremos que financiar nosotros porque no podemos dejar a la gente sin tratamiento crónico”, afirmó Abad, quien estimó en $8.000 millones el costo anual de esas prestaciones.
En una definición de fuerte contenido político, el ministro cuestionó la lógica del ajuste fiscal impulsado por la administración nacional. “En la ley del presupuesto nacional estaba previsto que el equilibrio fiscal estaba por encima de cualquier otra cuestión. El Gobierno nacional ha privilegiado el número, pero por debajo de ese número hay personas que se ven afectadas”, sostuvo.
Acompañaron al gobernador los ministros Darío Monteros (Interior), Susana Montaldo (Educación), Federico Masso (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud), Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), además del secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y las autoridades de la Policía provincial.
Con este planteo, el Gobierno tucumano profundizó sus cuestionamientos a la política de ajuste de la administración del presidente Javier Milei.