El Gobierno creó dos programas para abordar la ciberdelincuencia y aplicar el Régimen Penal Juvenil

Noticias Argentinas difundió que el Ministerio de Justicia de la Nación creó dos nuevos programas destinados a fortalecer áreas específicas de la política criminal: uno enfocado en ciberdelincuencia y evidencia digital y otro orientado a la implementación del Régimen Penal Juvenil.

Las medidas fueron oficializadas este viernes a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Mediante la Resolución 483/2026, el Gobierno creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), que funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia.

La normativa establece que el PRONACIB estará encabezado por un coordinador, responsable del seguimiento y articulación de las acciones desarrolladas dentro del programa. Para esa función fue designado, con carácter ad honorem, Mariano Tomás Rivas, asesor de la Subsecretaría de Política Criminal.

El programa también podrá constituir mesas interinstitucionales de articulación, tanto generales como especializadas, con organismos, autoridades y actores públicos o privados relacionados con sus objetivos y líneas de trabajo.

En paralelo, mediante la Resolución 484/2026, Justicia creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, que funcionará en la Dirección de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal.

La coordinación estará a cargo, también ad honorem, de la asesora Débora Eliana Di Girolamo, quien tendrá entre sus responsabilidades la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo desarrolladas por el programa.

Entre sus objetivos se encuentra coordinar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil dentro de las competencias nacional ordinaria y federal, además de promover intervenciones basadas en evidencia orientadas a reducir la reincidencia delictiva.

La iniciativa también contempla fortalecer la atención y protección de las víctimas, promover la formación especializada de los operadores del sistema de justicia penal juvenil y profundizar la articulación entre ministerios, instituciones y jurisdicciones.

Otro de los objetivos será avanzar en un sistema de producción, recopilación y sistematización de información estadística e institucional que permita evaluar los resultados de la política criminal juvenil y aportar datos para la toma de decisiones.

El programa tendrá además bajo su órbita la administración y supervisión del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, con el propósito de establecer criterios homogéneos y estándares técnicos para sus intervenciones.

Entre sus principales líneas de acción se encuentra la coordinación y estandarización de los protocolos utilizados por el personal encargado del seguimiento de las medidas dispuestas dentro del régimen.

También prevé implementar mecanismos de asistencia, contención y protección de derechos para las víctimas, además de promover su participación en el proceso penal juvenil.

Finalmente, el programa deberá diseñar y ejecutar instancias de formación continua destinadas a los operadores del sistema de justicia penal juvenil y a otros actores institucionales vinculados con su funcionamiento.